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COMUNICADO ADIPTGEN

Frente a la irregular recontratación de Rodrigo Sepúlveda Muñoz –concejal RN de Río Bueno- la Ministra de Justicia ha faltado gravemente a la verdad, al afirmar que el rechazo de Adiptgen a la medida tendría relación con orientaciones políticas.

 

Como bien sabe Javiera Blanco, la denuncia fue realizada por Adiptgen explícitamente en mayo de este año, a meses de que Sepúlveda fuese recontratado por instrucciones expresas de las autoridades de la cartera. Nuestra crítica, en ese entonces y ahora, dice relación con la evidente falta a la probidad con la que se dio el proceso, que no incluyó proceso de selección, concurso ni justificación técnica. Todo ello, sumado a que el funcionario y concejal, fue contratado con grado 10° y alta remuneración, todos antecedentes que además manejan los medios de comunicación, comprobados incluso por una conversación vía mensajería.

Lo anterior es otro atentado a la carrera funcionaria y al respeto por las y los trabajadores de Gendarmería de Chile, que se entregan por años a la institución, sin capacidad de ascender, con nula seguridad laboral y teniendo que soportar que –frente a ellas y ellos- transiten quienes responden a amiguismos y favores políticos, sin respeto por la institución ni quienes la componen.  

Pero aun más, nos parece impresentable y a la vez lamentable que, aun estando en una situación compleja, y con un escenario a todas luces adverso, la Ministra Javiera Blanco insista en la política de puertas cerradas, acusando sin escrúpulos a una organización de trabajadores que no ha buscado más que ser un aporte a Gendarmería, lo que ha sido comprobado públicamente con las muchas denuncias realizadas responsablemente por nuestra asociación. En ese tenor, es relevante subrayar que expusimos una serie de faltas a la probidad a la propia jefa de cartera, quien ahora busca exculparse, consciente de faltar a la verdad.

Su actitud, sin embargo, no nos sorprende, pues ha sido esta la política ministerial desde un comienzo, no sólo desentendiéndose de la responsabilidad política de una crisis de transparencia, sino que aportando a enlodar aún más el nombre de la institución y del qué-hacer público, que muchos trabajadores y trabajadoras realizamos con vocación, profesionalismo y honestidad.

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